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El Ayuntamiento de Tegueste, a través de la Junta de Gobierno local, ha aprobado la suscripción del municipio teguestero al programa autonómico “Canarias + Viviendas x Familias”,  dirigido a promover el acceso a la vivienda a las unidades de convivencia que hayan perdido o estén en riesgo de perder su vivienda habitual, por un proceso judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio.

El programa ofrecerá asesoramiento y mediación a quienes se encuentren en situación de riesgo habitacional; seguimiento y acompañamiento a las personas por unidades de convivencia adheridas al programa y elaboración y gestión de un parque de viviendas para alquiler social.

El impulsor de esta iniciativa, el Gobierno de Canarias por medio del Instituto Canario de la Vivienda, coordinará la intervención con el Ayuntamiento de Tegueste y su adhesión al programa; además de asesorar y facilitar los modelos de informe social, aportará una bolsa de viviendas.

Por su parte, los compromisos que asumirá con este convenio el ayuntamiento serán la detección de familias en riesgo de exclusión habitacional y su comunicación a la empresa pública Visocan, al objeto de paliar la situación; así como la emisión de los pertinentes informes en caso de ser ya usuarios de los Servicios Sociales municipales.

En el marco de este programa también está previsto que se constituya una comisión de seguimiento integrada por representantes de la comunidad autónoma,  un jurídico y un trabajador social.

La vigencia de este convenio, que no supone coste para las administraciones que lo suscriben, será de un año a contar desde su firma, con posibilidad de prórroga de hasta cuatro años, con una adenda de suscripción al mismo.

La concejala de Bienestar Social de la Villa, Giovanna del Castillo, asegura que se trata de una medida social con la que “se prevé favorecer la tramitación de este tipo de expedientes a aquellas familias del municipio que, en algún momento, puedan encontrarse en este esta difícil situación”. Además, expresó la “necesidad de ayuda que tienen las unidades familiares para hacer frente a este problema”.

En este sentido, la edil teguestera destacó que “es una medida que establece un protocolo unificado de acción entre administraciones local y regional para hacer frente a las situaciones indeseables de procedimientos judiciales o extrajudiciales de pérdida de vivienda por merma de la capacidad económica, bien por no poder pagar la hipoteca, el alquiler o la comunidad”.